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Sábado, 7 de Diciembre de 2019
Camino al andar
Como otros dirigentes, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, insistió en la preservación de la soberanía, de los recursos naturales, del medio ambiente y del patrimonio nacional, pero admitió la posibilidad de autorizar empresas ciento por ciento extranjeras. Como otros dirigentes, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, insistió en la preservación de la soberanía, de los recursos naturales, del medio ambiente y del patrimonio nacional, pero admitió la posibilidad de autorizar empresas ciento por ciento extranjeras.
La aprobación de una nueva Ley de Inversión Extranjera avala uno de los giros políticos más significativos de la reforma económica de Cuba, en la búsqueda de alternativas sólidas para el desarrollo.

Con un reconocimiento explícito a la importancia prioritaria del capital extranjero para garantizar el desarrollo económico cubano, el Parlamento aprobó recientemente una nueva Ley de Inversión Extranjera y dio luz verde a uno de los pasos más notorios en el proceso de transformaciones emprendido por el país antillano.

En sustitución de la Ley 77 del año 1995, las autoridades adoptaron una norma legal que expresa cambios en la política cubana frente a las inversiones foráneas, bajo el criterio de que esa fuente de financiamiento es imprescindible para desarrollar el país. En palabras del ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, “es una de las acciones de mayor connotación estratégica en el proceso de implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”.

Tanto Malmierca, como el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, defendieron en marzo ante los diputados la decisión de flexibilizar, modernizar y hacer más transparente esta ley.

Murillo, jefe de la comisión gubernamental que conduce el proceso de Actualización del Modelo Económico, nombre asignado a la reforma emprendida a partir del 2011, reiteró el principio de entender las inversiones extranjeras como un complemento de la actividad capitaneada por el Estado. Pero admitió que las empresas de otros países cumplen un papel determinante para el desarrollo de sectores decisivos de la economía cubana.

Un dato confirma esa apreciación. El ex ministro de Economía José Luis Rodríguez comentó en un reciente artículo, que la inversión extranjera participa en alrededor del 40 por ciento de las exportaciones cubanas. Sectores que se convirtieron en columna vertebral a partir de la crisis económica de los años 90, como el turismo, la industria del níquel, el tabaco y la extracción de petróleo, sobrevivieron y crecieron bajo la sombrilla de empresas mixtas o asociaciones con compañías de España, Canadá, Francia y otros países.

El gobierno se propone mantener la industria del ocio, energía y minas y transporte en la oferta especial al capital extranjero, pero ha abierto el abanico de la prioridad hacia otros sectores. Ante los diputados, Malmierca citó también la agricultura, la construcción y la mayoría de las industrias, incluida una en plena expansión como la farmacéutica y biotecnológica y otra tradicional y no menos importante, pero cerrada a cal y canto a intereses externos hasta años recientes, la industria azucarera. Sectores básicos de la economía cubana, como el turismo, han contado con una participación activa de cadenas hoteleras de España y de otros países.Sectores básicos de la economía cubana, como el turismo, han contado con una participación activa de cadenas hoteleras de España y de otros países.

De acuerdo con la explicación ofrecida por Murillo, el gobierno se propone atraer hasta 2.500 millones de dólares de inversiones extranjeras, una cifra que supera ampliamente los cientos de millones aportados cada año habitualmente por firmas externas y agregaría un 36 por ciento sobre el volumen total de inversiones registrado en 2012 (13,6 por ciento del PIB). Con esa suma, Cuba intentaría elevar la tasa de acumulación o tasa de inversiones –formación bruta de capital fijo- hasta un rango superior al 20 por ciento del PIB, informó el Jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social. Sería –dijo- lo que permitiría un alza anual del PIB del 7 por ciento, nivel reconocido por el propio Murillo y otros economistas del patio como el mínimo para hablar de desarrollo y no solo de crecimiento económico.

La tasa de inversiones máxima en las dos décadas previas fue de 14 del PIB en 2001, pero luego se hundió hasta un mínimo de 8,3 por ciento  en 2011, en frecuencia con la contracción de la política seguida ante los inversionistas extranjeros. “Lo que se ha invertido en ese período no ha podido cubrir siquiera la reposición de los activos que se depreciaron o se hicieron tecnológicamente obsoletos, lo que ha resultado en la descapitalización” de la economía cubana, comentó recientemente José Luis Rodríguez.

Con la nueva ley, que entrará en vigor unos 90 días después de aprobada en la sesión parlamentaria extraordinaria del 29 de marzo, la economía busca “recursos financieros, tecnológicos y mercados en los sectores productivos y de los servicios donde se identifiquen intereses mutuos” con las firmas extranjeras que se aproximen ahora a Cuba, precisó el Dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

Para atraerlas, la norma incorpora o amplía garantías e incentivos fiscales, con un régimen especial que exonera a los inversionistas del pago de impuesto sobre las utilidades durante ocho años, con posibilidades de extender el plazo o eliminar el pago en caso de reinversión de dichas ganancias. También se les exime del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, entre otros alivios tributarios.

En general, la política adopta un giro diferente al determinar que el beneficio perseguido por Cuba no radica en el cobro de impuestos, antes ganancia única y magra en no pocos casos, sino en el aporte al PIB de capital fresco, los ingresos que propicie cada inversión en la industria o la agricultura cuando entre en operaciones, el acceso a tecnologías y la capitalización de esos sectores, la ampliación de los mercados de exportación y el encadenamiento productivo con entidades de producción y servicios nacionales.La Oficina Reguladora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel confirmó negociaciones avanzadas con unos 15 inversionistas foráneos.La Oficina Reguladora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel confirmó negociaciones avanzadas con unos 15 inversionistas foráneos.

Otra novedad es que el capital extranjero podrá entrar como inversión directa, con participación efectiva en el control del negocio, pero también puede acceder mediante la inversión en acciones o en otros títulos carentes de la condición de inversión directa, además de las formas ya tradicionales de empresa mixta y contratos de asociación económica internacional. Incluso, a juzgar por las declaraciones de Malmierca, el gobierno parece más dispuesto a autorizar “empresas de capital totalmente extranjero para la ejecución de inversiones cuya complejidad e importancia lo requieran, especialmente para el desarrollo de la infraestructura industrial”.

La Zona Especial de Desarrollo del Mariel -45 kilómetros al oeste de La Habana-, concebida como plataforma líder en la nueva etapa de fomento de alianzas con capital foráneo, confirmó hace unos pocos días “propuestas de unos 15 inversionistas de países como España, Rusia, Italia, China y Brasil con interés de establecerse” en esa plaza.

La zona ofrece ventajas fiscales aún mayores para los inversores, reiteró la directora de la directora de la Oficina Reguladora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), Ana Teresa Igarza, durante la Feria Internacional de la Construcción, a inicios de abril. Las negociaciones están bastante avanzadas, dijo, para invertir en la industria tradicional, el sector agroalimentario y la biotecnología.

La definición más radical del nuevo paso la anticipó el Presidente Raúl Castro en persona en febrero pasado. A los delegados del Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) les dijo que esta ley respondía a la “imperiosa necesidad de fomentar y atraer la inversión extranjera en interés de dinamizar el desarrollo económico y social del país”. (2014).

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